El Gobierno busca prohibir por ley la emisión monetaria para cubrir el déficit siguiendo el modelo peruano

El Poder Ejecutivo proyecta una reforma integral de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) con el fin de prohibir la emisión de moneda destinada a financiar el déficit fiscal. La iniciativa busca sustituir el marco regulatorio vigente desde 2012 por un esquema de mayor rigidez monetaria inspirado en la experiencia de Perú, donde la autonomía de la autoridad de aplicación y la prohibición de asistir financieramente al sector público tienen rango constitucional. Este cambio de paradigma pretende desplazar el "mandato múltiple" actual hacia un objetivo centrado en la estabilidad de la moneda y la implementación de un sistema de competencia de monedas donde el dólar posea validez legal.

La modificación del texto legal apunta a dejar atrás las facultades otorgadas durante la reforma de 2012, específicamente en lo referido al artículo 20, que permite al BCRA “otorgar adelantos transitorios al Gobierno nacional hasta el equivalente de 12% de la base monetaria”. Según el esquema actual, la entidad también puede prestar hasta el 10% de los recursos en efectivo recaudados en los últimos doce meses, con la posibilidad de ampliar dicho financiamiento si “la situación o las perspectivas de la economía nacional o internacional así lo justificaran”.

La nueva propuesta libertaria procura restringir al máximo estos mecanismos para evitar que la autoridad monetaria funcione como fuente de recursos para el fisco. Esta medida representa un giro respecto a la gestión de Mercedes Marcó del Pont (foto superior) quien en 2012 impulsó un mandato para que el Central no se limitara a contener la inflación, sino que debiera también “promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”.

La referencia del modelo de Perú

Como eje central de esta transformación, el Gobierno toma como referencia el modelo peruano, implementado a principios de la década de 1990 para combatir la hiperinflación. En dicho país, la política monetaria está enmarcada en la Constitución Nacional, la cual establece la autonomía del Banco Central y le prohíbe taxativamente “establecer regímenes de tipos de cambio múltiples”, lo que impide la creación de cepos cambiarios.

Además, el sistema peruano veda el financiamiento al sector público y el otorgamiento de créditos sectoriales. Dentro de esta estrategia, se contempla que “el dólar pasaría a tener vigencia legal y puede utilizarse para cualquier transacción, con poder cancelatorio”, un aspecto que lo alinea con la competencia de monedas que busca imponer la administración argentina actual.

Otro punto relevante de la reforma es la regulación de la transferencia de utilidades del Central al Tesoro. En lo que va del año, estos giros alcanzaron los $24,4 billones a partir de las ganancias obtenidas en el ejercicio anterior. Sin embargo, se señaló que parte de esos beneficios provienen de la revaluación de las reservas al tipo de cambio oficial, un mecanismo que técnicos del sector califican como una forma encubierta de financiación al fisco que la nueva normativa buscaría limitar.

El objetivo final de la reforma es restituir como “función primaria y fundamental” de la entidad la preservación del valor de la moneda, eliminando las obligaciones accesorias de fomento del crecimiento que hoy forman parte de su Carta Orgánica.